En los últimos cinco años, nuestra institución ha brindado más de 2000 asesorías, procesos judiciales y se han atendido más de 500 audiencias de conciliación en las diferentes ramas del derecho. Este balance se alinea con las iniciativas generadas por el Gobierno de Colombia para garantizar el acceso a la justicia, en especial mediante la conciliación en equidad de las comunidades, de acuerdo con la Ley 2220 de 2022, la cual establece los requisitos para quienes deseen ejercer el rol de conciliadores.
La mayoría de los conflictos identificados y abordados se han presentado en Bogotá, aunque también se ha tenido alcance en regiones como Norte de Santander, Caquetá y Meta, mediante mecanismos de acercamiento y diálogo con organizaciones juveniles, madres comunitarias, trabajadoras sexuales, grupos de la tercera edad, comunidades negras, raizales y palenqueras, movimiento LGBTIQ+, entre otras, que han permitido diseñar propuestas articuladas entre las comunidades y la institución dando respuesta a necesidades sociales situadas.
Frente al rol de la academia para complementar y aportar a la efectividad del sistema judicial del país, Nathalie Chingate, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra institución, asegura que “las instituciones de educación superior contribuyen a los fundamentos jurídicos y políticos en la protección y demanda de los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, aportando también al acceso a espacios verdes y a que los procesos de desarrollo local y regional sean incluyentes e inclusivos. A su vez, este acercamiento nos ha permitido comprender otras realidades que ni la misma norma alcanza a dar cuenta de ellas”.
Uno de estos hechos a los que la profesora Chingate hace referencia, se puede observar en algunos barrios que no tienen configurada formalmente una Junta de Acción Comunal y solucionar las problemáticas resulta más complejo. En estas circunstancias Los Libertadores interviene para llevar a cabo los procesos de participación y toma de decisiones colectivas, además de promover la debida identificación y reconocimiento de estas zonas.
El caso relacionado con la sentencia T-622 de 2016, mediante la que se otorgó el reconocimiento como sujeto de derechos al Río Atrato, se referencia como un escenario en donde la institución ha impactado dentro del ámbito jurídico y participativo, al aportar mecanismos que fortalecen la implementación de la sentencia y a su vez, el reconocimiento de las percepciones de las comunidades como medida clave para involucrarlas en el desarrollo de sus territorios.
En este sentido Unilibertadores continuará desarrollando iniciativas que dinamicen el sistema judicial del país y fomenten la transformación de los territorios mediante herramientas jurídicas y conciliadoras.
