Daniel Espitia, Dirección de Comunicaciones.
Una de las prioridades para la Institución es ayudar al bienestar social de la Comunidad Libertadora, conformada tanto por alumnos, egresados, profesores, y personal administrativo, como residentes del sector, niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores. Estos últimos son uno de los grupos que presenta mayor vulnerabilidad económica y social.
El pasado 26 de agosto, la Fundación Universitaria Los Libertadores fue sede del conversatorio “La autofinanciación de personas mayores, hipoteca inversa, requisitos, mecanismos y beneficios«, la charla fue organizada por la Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la Subdirección de Integración Social de Chapinero.
Participaron; Javier Fernando Fonseca Alvarado, decano de la Facultad de Derecho; Raúl Romero, subdirector local de Integración Social; Sonia Tovar, subdirectora de vejez ; y María Conchita Ramírez, coordinadora distrital del Consejo de Sabios y Sabias, quien fue profesora de la Institución.
El encuentro tenía como objetivo brindar un espacio para hablar de forma detallada de la figura de renta vitalicia, en qué consiste, características y situaciones en las que es recomendable esta alternativa de financiación válida. Líderes de Chapinero y localidades cercanas asistieron para entender y socializar esta figura de financiación
Para explicar el origen, el alcance y las características de la figura, los profesores Nicolas Cardoso y Raúl González Romero fueron los invitados centrales del evento.
El país con más éxito implementando la hipoteca inversa ha sido Estados Unidos, inventaron la figura en 1988, desde entonces es el líder en este mecanismo de financiación. En la mayoría de países no ha sido tenido tanta propagación
En Colombia la figura llamada renta vitalicia es relativamente reciente y es una adaptación de la hipoteca inversa.
En la hipoteca inversa, el propietario del inmueble vive en la vivienda y recibe un pago por ese bien hasta su fallecimiento, solo hasta ese momento la casa o apartamento pasa a ser del banco. Por su parte, en la figura de renta vitalicia, desde el momento en que se firma el acuerdo la entidad pasa a ser dueña de la propiedad, pero la persona conserva la nuda propiedad, es decir, su derecho del uso o disfrute de la misma, esto hasta que fallezca.
Aunque cualquiera podría solicitar este mecanismo de financiación, en dos casos se recomienda aplicar a esta figura; el primero, personas que cuentan con una pensión pero necesitan otra fuente de ingreso; casos de pobreza oculta, personas con una vivienda de valor alto pero que tienen muy poco dinero disponible.
Existen dos grandes razones por las que no se ha popularizado la renta vitalicia en Colombia; la cultura, existe un alto nivel de arraigo a las propiedades, una vez adquirida se pasa a hijos y nietos; el sistema, los bancos prefieren trabajar con efectivo, o en su defecto, activos que se pueden convertir rápidamente en dinero.
En Colombia las aseguradoras y no los bancos son con quienes se realiza todo el proceso.
El propietario deberá con la entidad adquirir un seguro, el valor que recibirá depende de tres variables: el valor del inmueble, la edad del o los propietarios solicitantes y la modalidad en que se quieran recibir los pagos. Se puede recibir un monto mensual o diferir el valor en una cantidad determinada de pagos.
La propiedad del acuerdo deberá ser siempre la residencia principal. Cada 3 años cualquier de las partes podrá pedir la revisión del acuerdo, incluyendo los pagos a recibir, en este caso se necesitará hacer un nuevo avalúo, si el valor de la propiedad es menor, así serán los nuevos pagos. Se destaca que la renta vitalicia está libre de impuestos.
Si en algún punto la persona desea renunciar a la renta vitalicia lo puede hacer, pero antes de recuperar la propiedad debe devolver el dinero consignado, pagar los intereses causados y responder por los gastos asociados a esa operación.
Un dato clave es que el beneficiario puede arrendar la casa una vez generado el acuerdo.
Como bien indicó Javier Fernando Fonseca Alvarado, decano de la Facultad de Derecho, la Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social se creó hace dos años, es un escenario académico de reflexión y de atención a las comunidades más vulnerables. Se centra en atender problemas jurídicos, sociales y políticos de los habitantes de la zona.
Para la Fundación Universitaria Los Libertadores es importante brindar espacios para la formación de profesionales comprometidos con la inclusión y la justicia social. La creación de la Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social demuestra el compromiso de la institución con la comunidad y su deseo de contribuir a la solución de los problemas legales y sociales que enfrentan los habitantes de la zona.
La Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social es un espacio académico donde estudiantes de derecho tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en casos reales y trabajar en estrecha colaboración con la comunidad. A través de esta clínica, se busca brindar asesoría y representación legal a las personas que no tienen acceso a servicios jurídicos adecuados debido a su condición económica o social.
Los estudiantes de la clínica, supervisados por profesores expertos en diferentes áreas del derecho, se encargan de analizar los casos presentados por la comunidad y ofrecer soluciones legales efectivas. Esto puede incluir desde la redacción de documentos legales, como contratos o demandas, hasta la representación en tribunales o en negociaciones con otras partes.
Además de brindar asesoría legal, la clínica también se dedica a la investigación y promoción de políticas públicas orientadas a la inclusión y la justicia social. A través de proyectos de investigación, se busca identificar problemáticas específicas que afectan a la comunidad y proponer soluciones legales y sociales que contribuyan a su superación.
La Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social se ha convertido en un referente en la zona, ya que no solo ofrece servicios legales de calidad, sino que también promueve la educación en derechos y empodera a las personas para que puedan hacer valer sus derechos en la sociedad. A través de talleres, charlas y capacitaciones, se busca informar y concienciar a la comunidad sobre temas legales relevantes y fomentar una cultura de respeto y justicia.
